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| Euclides Quevedo Abril, Abogado constitucionalista |
“La transformación que vive hoy la República,
incluye necesariamente el sistema penal venezolano y por tanto el llamado
código penal, pero necesario es, hacer dos consideraciones previas, para
entender la nueva filosofía penal, dentro de un Estado democrático y social, de
derecho y de justicia”.
Este planteamiento corresponde a Euclides
Quevedo Abril, docente universitario y profesor de derecho
constitucional, quien presenta sus consideraciones sobre la reforma a este
instrumento jurídico que se adelanta en la Asamblea Nacional, el cual en los
últimos años ha sido revisado en dos oportunidades (2000 y 2005).
“Primero, no debemos olvidar que el Derecho que
conocemos, está hecho conforme a las añejas doctrinas del liberalismo económico
que asignan un gran relieve a los derechos individuales en desmedro de los
intereses de la comunidad. Segundo, hoy, aun se aplica de hecho una justicia de clase, un derecho extremadamente
conservador, petrificado; el código penal data de más de cien años, es una
rémora del derecho penal europeo del siglo XIX, llamado el “Derecho de los
Pobres”, y no precisamente porque les asegure sus derechos e intereses, sino
más bien, porque desata la furia contra ellos”. Explicó.
A su juicio, los preceptos del código vigente, se
encuentran retrasados, con respecto a la Constitución Bolivariana.
“Estos preceptos responden al sistema penal liberal
y punitivista y que el derecho en general, está sumido en principios y
supuestos propios de una antigua época que hoy lo hace ineficiente y obsoleto,
incluyendo los estudios jurídicos que se enseñan en las universidades
neoliberales o privadas”. Dijo.
Un nuevo Código Penal
En referencia al proyecto de nuevo Código Penal,
expresó que no se trata de una reforma, “Es la adecuación a los principios,
valores y fines, que inspiran el nuevo Estado Social que estamos obligados a
construir y que se expresan en los principios fundamentales y a los postulados
garantistas de la Constitución Bolivariana, es acometer una transformación profunda y definitiva de nuestra legislación
penal”, preciso el docente.
Quevedo afirmó que el nuevo ordenamiento constitucional entonces, “se basa en
el apego, respeto y garantía de los derechos humanos, establece una serie de
valores, principios y normas que deben ser considerados con la finalidad de
especificar los tipos delictivos que establecerá un nuevo Código Penal que
supere las insuficiencias del vigente y la incoherencia
del resto de la legislación punitiva”.
Planteó en su declaración que se hace necesario un
debate político sobre cuáles son las conductas sociales que deben sancionarse
penalmente en el proyecto de país que estamos construyendo, y cuáles los bienes
jurídicos que deben tutelarse.
“Si queremos que el derecho penal deje de estar al servicio de los
poderosos, de la burguesía y de la
reproducción de un orden injusto y excluyente, y sirva a los más pobres, a la
inclusión social y a la solidaridad, entonces nuestra política criminal debe
replantearse, en todos sus ordenes”. Señaló.
Consideró el profesor universitario que el nuevo Código Penal debe ser de corte
humanista, que incorpore la idea de justicia social en su seno.
“Esto implica que deban revisarse todos
aquellos elementos que resulten contrarios a la dignidad humana, entre ellos,
por citar sólo dos ejemplos: la preferencia por una única pena, como la
prisión, en vez de contar con una serie de penas alternativas, o la existencia
de la oprobiosa figura de la reincidencia, que es un resabio del Derecho penal
de autor, en que se castiga a la persona, no por lo que hizo, sino por lo que
es, una persona condenada previamente por otro delito por el que ya pagó a la
sociedad”.
Finalizó destacando el importante de la participación
ciudadana, “que puede hacer posible garantizar la solidaridad, la paz y la
convivencia social; sí la ley penal es tarea exclusiva del Estado, está no
tendrá efectos sin contar con el apoyo y la legitimación por parte de los
ciudadanos”. (JLG)
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